El Gobierno de España ha retirado formalmente el proyecto de Real Decreto de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-23, poniendo fin a un contencioso técnico que llevaba más de dos años y medio enfrentando a la Administración con buena parte de la ingeniería estructural y geotécnica española. La confirmación consta en el propio registro oficial de la Comisión Europea, el sistema TRIS (Technical Regulation Information System), que documenta el trámite paso a paso.
Cronología confirmada por la Comisión Europea
Según los registros públicos de TRIS (notificación 2023/0407/ES):
- El 3 de julio de 2023, España notificó a la Comisión Europea el proyecto de Real Decreto por el que se aprobaba la NCSR-23, dentro del procedimiento de información previsto por la Directiva (UE) 2015/1535, que exige comunicar a Bruselas cualquier reglamento técnico nacional antes de su aprobación definitiva.
- El periodo de statu quo —el plazo durante el cual otros Estados miembros y la Comisión pueden pronunciarse sobre el proyecto— finalizó el 4 de octubre de 2023.
- El 15 de diciembre de 2025, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, comunicó oficialmente a la Comisión Europea la solicitud de retirada del proyecto.
- El 19 de diciembre de 2025, la Comisión cerró formalmente el expediente, haciendo constar como motivo del cierre: “Withdrawal of the draft by the Member State which prepared it” (retirada del proyecto por parte del Estado miembro que lo había elaborado).
El contencioso de fondo
La NCSR-23 pretendía sustituir a la vigente NCSE-02 (2002) y a la NCSP-07 (puentes, 2007), incorporando el contenido del Eurocódigo 8 —la norma europea de proyecto sismorresistente— a la reglamentación española. El problema, según la comunidad técnica, no era la intención sino la ejecución: en lugar de remitirse directa e íntegramente al Eurocódigo 8, la NCSR-23 transcribía su contenido sustituyendo o eliminando las cerca de 430 referencias cruzadas que ese Eurocódigo mantiene con el resto del conjunto normativo europeo.
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil presentó ante la propia Comisión Europea, durante el periodo de consultas de 2023, una alegación formal que documentaba tres tipos de objeciones:
- Falta de coherencia técnica: la ruptura del sistema de referencias cruzadas entre Eurocódigos, considerado un elemento estructural (nunca mejor dicho) de ese conjunto normativo, con riesgo para la seguridad de las construcciones.
- Barrera a la libre circulación de servicios y productos: al no reconocer el uso directo de los Eurocódigos como alternativa válida, un proyecto redactado íntegramente con Eurocódigos —como es habitual en Francia, Alemania, Portugal o Italia— podía resultar rechazado en España; lo mismo ocurría con elementos prefabricados con marcado CE, por exigencias adicionales de ductilidad del acero de armar no contempladas en la norma europea EN 10080.
- Cuestión de propiedad intelectual: la alegación incluía análisis de similitud textual entre la NCSR-23 y la norma UNE-EN 1998, con coincidencias de hasta el 96-98% en los apartados comparados, más allá de los cambios de referencias.
El manifiesto “Por una normativa sísmica coherente y segura”, impulsado por esa misma asociación en mayo de 2023, reunió el respaldo de 18 asociaciones profesionales y empresariales —entre ellas ACIES y ARPHO—, más de 20 empresas de ingeniería y consultoría, y cerca de un centenar de catedráticos y profesionales a título individual.
Qué queda pendiente
La retirada del proyecto no equivale, por sí sola, a la adopción directa de los Eurocódigos que reclamaba el sector: deja sin efecto el borrador cuestionado, pero España sigue sin una norma sismorresistente nueva aprobada, y la NCSE-02 de 2002 continúa técnicamente en vigor. El manifiesto de 2023 pedía explícitamente que, además de retirar la NCSR-23, el Gobierno elaborase un nuevo Real Decreto que habilitara el uso directo e íntegro de los Eurocódigos, como ya hicieron países como Portugal en 2019. Si el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prepara una nueva propuesta, previsiblemente deberá notificarla también a la Comisión Europea a través del mismo procedimiento TRIS, lo que ofrece una vía de seguimiento público para conocer los próximos pasos.